Ante el reciente acuerdo entre las organizaciones sindicales y el Gobierno para  promover el desarrollo de esta iniciativa legislativa, Aprode ha recordado la necesidad de considerar las particularidades de cada sector económico a la hora  implementar esta medida de brutal impacto. 

El comercio de alimentación es un sector estratégico compuesto en su mayoría por pymes que representa el 12,3% del tejido empresarial y genera 1,9 millones de puestos de trabajo en España. El comercio de proximidad se caracteriza por  ofrecer un servicio presencial y cercano a sus clientes, desarrollar la economía local  y mantener en funcionamiento las zonas rurales de España.  

Según datos de la Confederación Española de Comercio (CEC) el coste de esta  medida se elevaría a 3.866 millones de euros afectando principalmente a las  pymes, que ya operan con márgenes muy ajustados. En 2023 el incremento  medio de los costes laborales totales de los comercios minoristas españoles ya fue  del 5,9%, por encima de la media del conjunto de la economía. 

Si quisieran mantener los horarios de apertura y atención al público, este gasto  extra no iría acompañado de mayores ingresos para los comercios de  alimentación, implicando exclusivamente un aumento de los costes laborales para los empresarios. Para hacerle frente a este gasto y no resultar en pérdidas, el  comerciante podría verse en la necesidad de subir los precios de los productos, lo  que implicaría un aumento de la inflación. 

Si los comerciantes decidieran evitar el incremento de costes de personal para  salvar sus cuentas de explotación, el pequeño comercio tendría que reducir su  horario de apertura, limitando la capacidad de atención adecuada a los  consumidores e impidiendo satisfacer sus demandas, especialmente a aquellos  que tienen horarios de trabajo extensos o no convencionales. Esto podría  traducirse en una reducción de las ventas y consecuentemente, en una menor  contribución al PIB, que actualmente representa el 4,9% del PIB nacional, según  los datos de la Confederación Española de Comercio. 

A estos costes directos se suman, los recientes incrementos del salario mínimo  interprofesional (SMI) y los costes indirectos derivados de la afectación a la  producción, necesidad de nuevas contrataciones y pago de horas extra. Estos  factores incrementan el riesgo de cierre de pequeñas empresas que ya se  encuentran en una situación vulnerable, con efectos devastadores en el tejido  empresarial y el empleo local. 

Ante esta situación, López Vaquero destaca que el servicio público que ofrecen los  comercios en el territorio rural, en vez de mayores cargas, lo que deberían es  contar con exenciones impositivas y ayudas directas para la implantación de comercios que favorezcan un imprescindible fortalecimiento de su tejido  comercial. 

Antonio López Vaquero: "Es esencial que las normativas laborales consideren las distintas realidades de cada  sector. Sin un enfoque adaptado, esta medida podría erosionar el tejido  empresarial y afectar negativamente a millones de consumidores y trabajadores"

Por último, Aprode recuerda que el sistema de negociación colectiva por parte  de los agentes sociales ha demostrado ser un modelo exitoso en el que sindicatos  y empresarios han ido acordando año tras año en los convenios muchas de las  regulaciones que han mejorado las condiciones laborales de los trabajadores, atendiendo siempre a la sostenibilidad de los negocios: puesto que sin empresas  no hay trabajo por cuenta ajena. Este equilibrio ha sido respetado desde la entrada en vigor del Estatuto de los Trabajadores hace más de cuarenta años y se ha ido ajustando a jornadas inferiores a la máxima legalmente establecida de mutuo  acuerdo, sin que una norma obligara a ello. 

Finalmente, Aprode recoge las siguientes propuestas orientadas a evitar las  consecuencias negativas que sufriría el sector del comercio de la alimentación y  la economía española.

En primer lugar, la retirada del Anteproyecto de reducción de jornada laboral  abogando por la continuidad de la negociación colectiva que ha funcionado durante las últimas cuatro décadas. Aprode subraya que las condiciones  laborales ya se ajustan progresivamente mediante convenios sectoriales sin  necesidad de normas obligatorias que puedan desestabilizar el equilibrio logrado  entre empleadores y empleados.  

En caso de no retirarse, solicitan que se consideren criterios basados en el tamaño  de las empresas, eximiendo a las pymes con menos de 250 trabajadores de esta  medida, lo que permitiría a pequeños comerciantes mantener su actividad y  servicio a la comunidad con normalidad.  

De igual modo, con el objetivo de que el impacto operativo sea el menor, la Asociación ha propuesto implementar plazos de adaptación que otorguen a las  empresas tiempo para reorganizar sus actividades.  

En este sentido, Antonio López Vaquero, presidente de Aprode, enfatiza: "Es esencial que las normativas laborales consideren las distintas realidades de cada  sector. Sin un enfoque adaptado, esta medida podría erosionar el tejido  empresarial y afectar negativamente a millones de consumidores y trabajadores". 

Aprode reafirma con estas alegaciones su compromiso con la mejora de las  condiciones laborales, pero subraya la necesidad de diseñar medidas que  equilibren los derechos de los trabajadores con la sostenibilidad de las empresas del comercio españolas.