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La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha emitido un informe sobre el Anteproyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario; dado que desde la producción de alimentos hasta su consumo se producen altos niveles de pérdidas y desperdicio.
El Anteproyecto establece una serie de obligaciones para todos los agentes de la cadena alimentaria y otras específicas para las empresas, las entidades de iniciativa social y las Administraciones Públicas. Por ejemplo, pretende que los productos con fecha de consumo preferente próxima a vencimiento o vencida se presenten separados con bajada de precios o se destinen a la donación. También se pretende la obligatoriedad de informar al cliente de un restaurante que puede llevarse, sin coste alguno, los alimentos no consumidos."Los alimentos presentan diferentes aprovechamientos y son susceptibles de transformación o de conversión en otros subproductos (como alimentación animal) de modo que su desperdicio supone una ineficiencia en la generación y distribución de alimentos, destaca el organismo de competencia.
La CNMC valora positivamente esta normativa en términos generales, por cuanto que presenta beneficios para todos los eslabones de la cadena alimentaria. Pero también incluye indudables ventajas desde la óptica medioambiental (disminución en la generación de residuos, mejor gestión de los recursos hídricos) y social (fomento de las donaciones para consumo humano).En el informe, la CNMC también realiza algunas recomendaciones para mejorar varios aspectos del anteproyecto. Un buen ejemplo es el pacto que regule la donación a organizaciones sociales. Estableciendo un mínimo de asociaciones a las que consultar para realizar la donación.
Además de que el establecimiento comercial tenga distintas obligaciones según su superficie. El anteproyecto establece que son las comunidades las que deben concretar estos parámetros, bajo los principios de buena regulación.
La Administración tiene su parte de responsabilidad, en materia de contratación pública de servicios de gestión alimentaria. Deben incluir exigencias de reducción y gestión de desperdicios.
A lo que se suma mejorar la información que se da al consumidor sobre los productos que sobrepasan la fecha de consumo preferente.