La aprobación de la nueva Ley de la cadena alimentaria; la culminación del proceso de elaboración del plan estratégico para la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en España, con su envío a la Comisión Europea; la puesta en marcha del Componente 3, correspondiente a este ministerio, del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR); la negociación del Fondo Europeo Marítimo, Pesquero y Acuícola (FEMPA) y las iniciativas legislativas para una pesca sostenible y para combatir el desperdicio de alimentos han sido algunos de los compromisos más relevantes cumplidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa) en 2021.

La nueva Ley de la cadena alimentaria, que entró en vigor el 16 de diciembre, da respuesta a una reivindicación de las organizaciones profesionales agrarias del sector. Es una reforma que introduce unas nuevas reglas de juego en las relaciones comerciales dentro de la cadena alimentaria para facilitar un reparto de valor más equilibrado entre los distintos eslabones.

"La norma beneficia a los productores primarios, agricultores y ganaderos, que son el eslabón más débil de la cadena al introducir el coste efectivo de producción como factor obligatorio en la fijación de los precios en los contratos", se destaca desde el Mapa. La ley supone un importante avance en la transparencia de las relaciones comerciales, al establecer la obligatoriedad de que se realicen por escrito todos aquellos contratos de compraventa por un precio superior a 1.000 euros y que no se paguen al contado. Además, deberán inscribirse en un Registro Oficial de Contratos.

La venta por encima de los costes de producción entre los distintos operadores se extenderá a lo largo de todos los eslabones: producción, industria y transformación y distribución, hasta llegar al consumidor. La ley refuerza los mecanismos de control y el régimen sancionador, para lo que designa a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) autoridad nacional de ejecución que tendrá que coordinar las tareas inspectoras con las comunidades autónomas, que tienen competencia en esta materia.

Aplicación de la PAC

Con la presentación formal a la Comisión Europea del plan estratégico para la aplicación de la PAC en España, el ministerio ha culminado un largo proceso de trabajo que se inició hace más de tres años y que ha tenido un marcado carácter participativo, en colaboración y diálogo constante con las comunidades autónomas y las organizaciones representativas del sector, las cooperativas y las organizaciones ambientales. El documento recoge la gran variedad de la realidad agronómica de España.

“La nueva PAC constituye un instrumento muy potente para apoyar a los agricultores y ganaderos en los retos sociales, económicos y medioambientales que deben afrontar en los próximos años”, confirman fuentes ministeriales. Dispone de un presupuesto de 47.724 millones de euros, el mismo nivel que en el anterior periodo, que con las aportaciones estatal y autonómicas para la cofinanciación de las medidas de desarrollo rural sobrepasará los 50.000 millones de euros.

El plan estratégico español tiene como objetivos principales mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas; favorecer el necesario relevo generacional y la incorporación de la mujer; procurar una producción de alimentos más sostenible que consuma menos recursos naturales y preserve la biodiversidad; e impulsar la innovación y la digitalización de la actividad agraria.

La principal novedad de la reforma es su impulso a la transformación climática y medioambiental, manteniendo la rentabilidad de las explotaciones, acorde con el compromiso de consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y la hoja de ruta que marca el Pacto Verde Europeo con las estrategias “De la Granja a la Mesa” y “Biodiversidad en el horizonte de 2030”. El 43% del presupuesto de las ayudas, considerando ambos pilares de la PAC, está relacionado con esta orientación.

400 millones de euros

A lo largo del año 2021, el Mapa ha movilizado 406,5 millones de euros del Componente 3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que le corresponde gestionar y que tiene un presupuesto global de 1.051 millones de euros. El Gobierno está comprometido con la mejora de la competitividad y el impulso de la modernización del sector agroalimentario, y en este primer año de aplicación del PRTR ha cubierto los objetivos programados.

Más de la mitad del dinero movilizado en este año, 260 millones, corresponden a la primera fase del programa de modernización de regadíos, que ejecuta la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa). El presupuesto total del PRTR para este capítulo principal es de 561 millones de euros, que permitirán modernizar más de 100.000 hectáreas de regadíos en el conjunto del país en los próximos años. El regadío sostenible es la base del futuro de las producciones agrarias, con sistemas eficientes y de precisión que permitan el ahorro de agua e incorporen energías alternativas.

El ministerio ha distribuido entre las comunidades autónomas más de 115 millones de euros para inversiones en distintas líneas de ayudas contempladas en el PRTR. De ellos, 102 millones corresponden a agricultura de precisión, eficiencia energética, fomento de economía circular y energías y gases renovables.

Además, se ha puesto en marcha la línea de apoyo a la digitalización del sector agroalimentario, para lo que el Mapa ha transferido 10 millones de euros a la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), destinados a la concesión de créditos a pymes agroalimentarias para financiar proyectos innovadores.

Nuevas normativas

En materia de pesca, se ha desarrollado el plan de impulso a la sostenibilidad, investigación, innovación y digitalización del sector, que cuenta con una dotación total de 94 millones de euros en el marco del PRTR. A su vez, el nuevo reglamento del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA) que la Unión Europea publicó en julio permitirá que este siga siendo el principal instrumento de apoyo para afrontar los retos futuros del sector, como el relevo generacional y la mejora de las condiciones y seguridad de los barcos. España es el perceptor de estos fondos con una asignación de 1.120 millones de euros para el período 2021-27, el 21% del total de la Unión Europea.

Por otra parte, la Ley contra el desperdicio alimentario es una normativa pionera en la materia en España, concebida para producir una reducción significativa del desecho de alimentos y fomentar un mejor aprovechamiento de los mismos. Combatir el desperdicio es un imperativo ético -en consonancia con las grandes líneas del Gobierno de justicia social, protección ambiental y crecimiento económico- que debe implicar al conjunto de la sociedad.

Cabe señalar también la aprobación de un decreto con la nueva norma de calidad del aceite de oliva, que establece una serie de requisitos sobre trazabilidad, elaboración y envasado del producto final que permitirán situar al aceite de oliva español como el de mayor calidad a nivel mundial y con las máximas garantías en todo el proceso de elaboración. Igualmente se ha aprobado otro decreto con nuevas normas de comercialización del aceite de oliva que permitirá la retirada de producto en aquellas campañas en las que se produzca un exceso de producción que pueda causar perturbaciones.

Por otro lado, en línea con el compromiso adquirido por el Gobierno para apoyar a los palmeros y las palmeras tras la erupción del volcán, desde el ministerio se han habilitado más de 30 millones de euros para ayudar a los agricultores, ganaderos y pescadores cuya actividad se ha visto afectada.