Aecoc ha presentado el proyecto Aecoc Smart Consuming Lab, un nuevo foro que nace con la intención de impulsar una reflexión plural en la que participen consumidores, empresas, administraciones públicas y expertos para identificar la forma más eficaz de avanzar hacia un consumo más responsable y sostenible en nuestro país. Así lo ha anunciado el director general de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, José María Bonmatí, en un acto que ha contado con la presencia del secretario general de Consumo y Juego, Rafael Escudero, y del director general de Calidad y Evaluación Ambiental, Ismael Aznar.

“Queremos ofrecer una visión plural y reflexionada sobre cómo hacer del consumo responsable una realidad efectiva en nuestro país”, ha afirmado Bonmatí. Esta iniciativa llega en un momento en el que, en palabras del director general, “nuestro país está ya inmerso en un movimiento regulatorio muy profundo dirigido a promover modelos de consumo y producción más responsables”. El director general de Aecoc ha hecho hincapié en la necesidad de avanzar hacia modelos de producción, distribución y consumo más sostenibles a través de una regulación “competitiva y eficaz”.

El proyecto Aecoc Smart Consuming Lab se articulará en torno a cinco aspectos vinculados con el consumo responsable: economía circular, información y transparencia, fiscalidad, movilidad y regulación competitiva. Cada una de las áreas será coordinada por un grupo de expertos independientes: Alba Cabañas (experta en sostenibilidad y eco-innovación); Alberto Montero (profesor de economía en la Universidad de Málaga); Susana Val (directora de Zaragoza Logistics Center) y Pedro Suárez (socio en el área de Derecho de la Competencia Ramón y Cajal Abogados).

Durante los próximos meses estos expertos consultarán a los distintos grupos de interés (consumidores, empresas y administración) con el objetivo final de articular propuestas en cada uno de los ejes. “Participación, pedagogía y proactividad. Escuchar para ser escuchados. Esa es la actitud que Aecoc asume a la hora de afrontar estos cambios tan acelerados a los que sí o sí debemos responder cuanto antes”, ha indicado José María Bonmatí.

Principales conclusiones

En la apertura del acto, el director general de Calidad y Evaluación Ambiental, Ismael Aznar ha considerado que el proyecto Aecoc Smart Consuming Lab “puede ser una fuente de ideas y reflexiones que pueden ayudarnos a avanzar hacia un modelo económico más sostenible”. El portavoz del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha reconocido que la regulación ambiental estará en el foco durante los próximos años, sin embargo, ha declarado que “no necesariamente debe suponer una mayor presión fiscal”.

Por su parte, el secretario general de Consumo y Juego del Ministerio de Consumo, Rafael Escudero, ha afirmado que “el consumo responsable tiene que ser un factor de competitividad”, y ha remarcado el valor de la iniciativa de Aecoc para ayudar a la administración a “ser capaces de detectar y evitar los problemas de seguridad jurídica”.

En este sentido, según los datos de Aecoc, un 80% de los consumidores incorpora ya la sostenibilidad en sus decisiones de compra y hasta seis de cada diez están dispuestos a pagar más por productos y servicios sostenibles. Esta percepción ha sido avalada por Eztizen Gregorio, de OCU, que ha afirmado que “hay que facilitar las elecciones sostenibles por parte de los consumidores mediante información accesible y clara. Ese es el primer paso”. Gregorio también ha recordado que la OCU está “más a favor de las medidas fiscales incentivadoras que desincentivadoras para promover el consumo responsable”.

Durante la presentación del proyecto, los ponentes han citado iniciativas como el futuro índice de reparabilidad, la aplicación de etiquetados como Nutriscore o la creación de nuevas figuras impositivas sobre determinados alimentos como ejemplos de una agenda regulatoria cada vez más intensa. Sin embargo, Bonmatí ha recordado que, para que estas medidas puedan ser plenamente asumidas por empresas y ciudadanos, la administración debe incorporar una comprensión profunda de la realidad económica y social. “De lo contrario, la inseguridad jurídica y la desconfianza podrían comprometer un movimiento tan necesario como urgente”.