Ante el anuncio del acuerdo alcanzado entre Bruselas y Washington por el que EE.UU. tiene hasta el 14 de enero de 2023 para cumplir el dictamen de la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra sus aranceles a las aceitunas negras españolas, emitido en noviembre de 2021, la Asociación Española de Exportadores e Industriales de la Aceituna de Mesa (Asemesa) cree necesario realizar las siguientes aclaraciones:

“Es totalmente falso que se vayan a suprimir los aranceles que gravan las importaciones de aceitunas negras españolas en el plazo de seis meses, es decir, en enero de 2023.Ese es el plazo razonable acordado entre Washington y Bruselas para que la Administración norteamericana implemente las recomendaciones y mandatos de la OMC contenidos en el informe del Panel de Investigación, pero en absoluto significa la eliminación de los aranceles toda vez que EE.UU. considera que puede implementar dichas recomendaciones y mandatos sin poner fin a los aranceles, sino subsanando los errores y deficiencias de sus investigaciones iniciales”.

Asemesa tiene constancia de que EE.UU. ha reabierto inmediatamente las investigaciones iniciales de 2017 y 2018 para recabar más información del Gobierno de España y de las empresas objeto de investigación con el objetivo de justificar con nuevos argumentos y datos el arancel compensatorio de las subvenciones y subsanar los errores y deficiencias que le ha indicado la OMC.

Aun en el caso de que la OMC no aceptara las medidas que implemente EE.UU. dentro del plazo establecido y le exigiera finalmente eliminar el arancel, ello “solo afectaría a la parte del gravamen que tiene que ver con las subvenciones de la PAC (15%) y no al arancel total del 35%. Además estamos convencidos de que EE.UU. volvería a utilizar todas las artimañas posibles para mantener el arancel y dar lugar a una nueva negociación y dilatación del proceso. Por tanto, el acuerdo consensuado sobre este plazo no solo no significa la eliminación de los aranceles sino nuevas investigaciones y más carga de trabajo, más coste y más incertidumbre para el sector”, según explica la asociación.

Asemesa ha reiterado en numerosas ocasiones el alto coste que este arancel ha supuesto para las empresas exportadoras españolas (las pérdidas ascienden a 170 millones de euros), sin que hasta el momento el sector haya recibido ayudas compensatorias ni de la UE ni del Gobierno de España con la salvedad “de un aporte limitado del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para la defensa jurídica, una cantidad que está muy lejos de compensar los 8,5 millones de euros que sólo en abogados lleva gastados esta asociación, a los que habrá que sumar los gastos de este nuevo procedimiento”, indican. Por ello, el secretario general de Asemesa, Antonio de Mora, vuelve a pedir a todas las Administraciones ayuda económica para compensar tanto las pérdidas de las empresas como los gastos de defensa.