El Consejo Regulador de la Denominación de Origen trabaja por garantizar el cumplimiento de su reglamento y pliego de condiciones que vela por la calidad de los vinos que elaboran las bodegas de Ribera del Duero. El Consejo siempre se implica en aquellas cuestiones que afectan, perjudican, preocupan o ponen en riesgo a bodegas y viticultores. Apoyando en lo posible las reivindicaciones y poniendo a su disposición los mecanismos existentes para respaldar sus reclamaciones, siempre con el objetivo de salvaguardar el patrimonio natural y la identidad de la Ribera del Duero; en definitiva, el fin establecido en su reglamento, de defensa de la propia Denominación de Origen.

El Consejo Regulador de la Ribera del Duero manifiesta su preocupación ante la instalación de proyectos de ganadería intensiva y plantas de biogás de tratamiento de purines dentro de la zona de producción amparada por la Denominación de Origen, próximas a terrenos plantados de viñedo y junto a proyectos enoturísticos. Desde el órgano regulador se respetan aquellas iniciativas empresariales que contribuyen al desarrollo de la zona, siempre y cuando su establecimiento no ponga en peligro la principal economía y forma de vida de la comarca: los proyectos en torno al vino y el enoturismo.

“El Consejo Regulador y los operadores inscritos de la Denominación no entienden, ni pueden compartir, que se establezcan instalaciones de ganadería intensiva y últimamente plantas de biogás, en entornos que se caracterizan por su importancia medioambiental, patrimonial y cultural. Porque ponen en serio riesgo la subsistencia de los proyectos vitivinícolas, a los que de alguna manera invaden, y dificultan el desarrollo de futuros proyectos enoturísticos que contribuyan al crecimiento económico y social de la zona. Más aún, cuando hay alternativas viables para que se ejecuten este tipo de instalaciones, pues estamos en un entorno rural en el que abundan otros terrenos que bien podrían albergarlas”, señalan desde el consejo.

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen viene trabajando en la búsqueda de soluciones a la problemática derivada de la posible instalación de ese tipo de proyectos en territorios próximos a bodegas y viñedos, y lograr que se sienten unas bases que impidan su implantación.

El Consejo Regulador de la Ribera del Duero manifiesta su preocupación ante la instalación de proyectos de ganadería intensiva y plantas de biogás de tratamiento de purines dentro de la zona de producción amparada por la Denominación de Origen, próximas a terrenos plantados de viñedo y junto a proyectos enoturísticos

Cuando las bodegas afectadas y otras asociaciones comunicaron al Consejo esta problemática, el órgano regulador se ofreció inmediatamente para colaborar en todo lo posible, acudiendo a los organismos públicos pertinentes, manteniendo reuniones con asociaciones de productores de ganado intensivo, encargando la elaboración de informes técnicos e instando a la CECRV (Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas en la que está incardinado) a que trasladara al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en nombre de todos sus asociados, la preocupación extendida y compartida por diferentes denominaciones de origen de diversas zonas productivas ante la proliferación de proyectos en materia de energías renovables y macro granjas de ganado que afectan a viñedos, bodegas y paisajes emblemáticos e históricos que reportan enorme valor a sus zonas geográficas.

La zona amparada por la DOP Ribera del Duero, que abarca una pequeña parte de la geografía regional, ofrece unas condiciones únicas y especialmente adecuadas para la producción de uva y la elaboración de vinos de excepcional calidad. Esta vinculación de la calidad de la producción con el territorio es de carácter esencial, no se puede obtener fuera de la zona amparada; los viticultores y bodegueros no obtendrían los mismos resultados en otros territorios, es imposible, a diferencia de lo que sucede con las otras actividades, que no tienen vinculación con ningún territorio concreto y pueden ubicarse en cualquier parte sin sufrir perjuicio alguno en la calidad de su producción.

La implantación de industrias excluyentes, como son las mencionadas anteriormente, junto a otras instalaciones o cultivos ya operativos y consolidados que se verán desplazadas o directamente destruidas al no tener alternativas, no puede ampararse en el ejercicio del derecho de libertad de empresa, puesto que precisamente implica que el titular de la actividad excluyente prive a los demás del ejercicio de ese derecho. No se trata pues de una incompatibilidad en la que ambas partes están en pie de igualdad y se excluyen mutuamente, sino de una actividad que invade con sus emisiones el ámbito de la otra, impidiéndole continuar con su actividad, sólo porque normativamente pueden hacerlo.