Este sector, integrado por casi 30.000 empresas, en su mayoría pymes, alerta de los efectos negativos que una subida de impuestos conllevaría para la economía nacional, suponiendo un paso atrás en el proceso de recuperación del consumo en el que se encuentra actualmente España. Al mismo tiempo, solicita al gobierno una reflexión más profunda en la convalidación del Real Decreto-Ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan estas medidas en el ámbito tributario.
Según Mauricio García de Quevedo, director general de Fiab, esta subida de tasas anunciada "astiga directamente al bolsillo del consumidor y penaliza la demanda", algo que puede tener consecuencias negativas directas sobre el empleo y la actividad empresarial "en un país como el nuestro, donde el turismo y la actividad económica del canal hostelería y restauración tiene un peso tan relevante en el PIB", que alcanza el 20% si tenemos en cuenta toda la cadena de valor agroalimentaria.
Además, el nuevo escenario al que abocan las nuevas medidas impositivas facilita una "posición de desventaja de sectores económicos clave como la alimentación y bebidas, y, por consiguiente, de sectores afines ligados íntimamente a éste, como son el comercio y el turismo, en el mercado global en el que competimos directamente", ha señalado.
El sector, motor de empleo y crecimiento
Según el último dato interanual conocido en el mes de noviembre, el crecimiento del empleo en la industria de alimentación y bebidas ha experimentado en España un crecimiento del 3,4%. Esto se traduce en la creación de más de 10.000 puestos de trabajo en el último año.
Además, las últimas cifras de producción y exportación logradas en el último ejercicio cerrado arrojan unos resultados récord, con 95.000 millones de facturación y 26.000 millones de euros, respectivamente.
En este sentido, el sector ha reclamado medidas que ayuden a proteger la senda del crecimiento en un marco fiscal equitativo y justo que facilite el consumo interno y la confianza del consumidor, entendiendo que acciones encaminadas a una lucha más decidida contra el fraude fiscal y la economía sumergida (en España la economía sumergida aún supera el 18% del PIB), así como el control del gasto público, son medidas que incrementarán la eficiencia y competitividad, no sólo de nuestros sectores, sino de toda la economía en su conjunto.
