La instauración de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en municipios de más de 50.000 habitantes para antes de 2023 y su impacto sobre el transporte urbano de mercancías han estado en el foco de debate del III Congreso Aecoc de Smart Distribution, que se celebra en el Auditorio del Estadio Wanda Metropolitano de Madrid. La directora de logística y transporte de Aecoc, María Tena, ha expresado la preocupación de las empresas por las diferentes normativas municipales para el acceso a las ciudades y ha reclamado que el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible favorezca la armonización en las reglas de acceso de los vehículos de distribución de mercancías a las ZBE.

“La heterogeneidad en las regulaciones de acceso al centro de las ciudades impide a las empresas realizar su actividad con normalidad y genera inseguridad jurídica”, ha advertido Tena, que ha recordado que la ley obliga a crear una ZBE a los 149 municipios españoles de más de 50.000 habitantes y a diversas poblaciones de más de 20.000 ciudadanos.

La directiva ha considerado que la actividad reguladora actual muestra que “la distribución urbana de mercancías “es una cuestión crítica, en la que deben trabajar empresas y administración en común”.  En una intervención grabada, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha remarcado la “necesaria colaboración de la administración con empresas y ayuntamientos para crear ciudades más vivas, limpias y sanas, y con prestaciones de calidad”.

La subdirectora general de aire limpio y sostenibilidad industrial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Marta Muñoz, ha recordado que son los ayuntamientos los que delimitarán las ZBE y decidirán qué medidas deben aplicar y qué vehículos tendrán el acceso restringido. Aún así, ha remarcado que “es necesaria una coordinación supramunicipal para la distribución urbana de mercancías” y que la Ley de Movilidad Sostenible favorecerá la creación de criterios “lo más homogéneos posibles” para la entrada del transporte de mercancías en las distintas ciudades.

Muñoz ha señalado que la ley obliga a la instauración de ZBE al 1,8% de ayuntamientos, con un alcance para el 56,5% de la población, y que su aplicación es relevante, ya que en España cada año se producen más de 25.000 muertes prematuras por exposición a la contaminación atmosférica.

El III Congreso de Smart Distribution también ha contado con los responsables de movilidad de algunas de las principales ciudades españolas, que han detallado sus planes en la aplicación de la ZBE en sus municipios. El delegado de medio ambiente y movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha considerado que “necesitamos una transición energética y no una ruptura de modelo”, y bajo esta premisa se ha diseñado la actual Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP) de la capital, en la que las restricciones al acceso de vehículos no aplican para el transporte de mercancías. “La distribución urbana de mercancías supone un 6% del PIB de Madrid y genera 120.000 empleos, por lo que no creemos que sea buena idea asfixiar su actividad y apostamos por darle un trato diferente al del vehículo privado”.

En su intervención, el director de movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Adrià Gomilla, ha remarcado que, desde la aplicación de la ZBE en la ciudad en 2017, se han reducido unos 600.000 desplazamientos diarios en los vehículos más contaminantes, y que la circulación de vehículos con etiqueta medioambiental A ha pasado del 20% del total al 3% actual.

La jefa de movilidad sostenible del Ayuntamiento de Valencia, Ruth López, ha descrito el plan que está preparando la ciudad para la aplicación de su ZBE, y ha considera “importante que todas las ciudades vayamos en consecuencia para ver qué estrategias funcionan y aplicar las medidas más exitosas para la reducción de emisiones”.

Por su parte, la concejal de movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca, ha puesto en duda la necesidad de que municipios como Zaragoza “con menos población que las grandes ciudades del país y sin problemas de calidad de aire” tengan la obligación de aplicar medidas como el diseño de una ZBE. “Lo marca la ley y lo cumpliremos, pero con una visión diferente, con medidas menos agresivas para los ciudadanos y para la actividad económica”. En este sentido, ha avanzado que la capital aragonesa apostará por medidas como la renovación de la flota de transportes públicos.