A tan sólo un mes de la entrada en vigor del impuesto a los plásticos de un solo uso en nuestro país, las organizaciones de los principales sectores de consumo (Aces, Acotex, Adelma, Aecoc, Afeb, Anged, Applia, Asaja, Asedas, Cooperativas Agroalimentarias, Fece, Fiab, Foro Interalimentario, Marcas De Restauración y Stanpa) hacen un llamamiento de última hora al Gobierno para aplazar la entrada en vigor de un impuesto que amenaza el futuro de gran número de empresas de nuestro país.

Tras la reciente decisión del nuevo gobierno italiano de seguir aplazando la entrada en vigor de este gravamen, España se queda sola en Europa con la introducción de un impuesto (no obligatorio para los estados miembros) que supondrá añadir sobrecostes a sus empresas en un contexto especialmente delicado. Una prueba más de resistencia para unos sectores que llevan meses sometidas a un gran incremento de costes (materias primas, transporte, energía…) a las que ahora, si la situación no se reconduce, deberán sumar una medida que tendrá un impacto directo de 690 millones de euros. 

El Gobierno rechaza el aplazamiento alegando una caída de los ingresos previstos en los Presupuestos Generales del Estado, si bien reconoce que, a causa de la inflación, cuenta con una recaudación extra por vía impositiva que supera los 32.000 millones de euros. 

Las compañías españolas van por delante de la legislación en su compromiso con el medio ambiente y, en la gestión del plástico, la gran mayoría de empresas ya han adoptado medidas como el rediseño, la reducción de peso o la reutilización para tratar de minimizar la presencia de este material en el packaging

Las empresas de los sectores representados se declaran firmemente comprometidas con la reducción de los plásticos de un solo uso, pero consideran que el impuesto llega “en el peor momento posible”. Además, conviene resaltar que, a un mes vista de la entrada de este impuesto, hay gran incertidumbre en la aplicación propia del impuesto al existir ambigüedades en su interpretación que, a día de hoy, no han sido resueltas por la autoridad competente en la materia.

Las compañías españolas van por delante de la legislación en su compromiso con el medio ambiente y, en la gestión del plástico, la gran mayoría de empresas ya han adoptado medidas como el rediseño, la reducción de peso o la reutilización para tratar de minimizar la presencia de este material en el packaging. De hecho, según datos de Eurostat, España se sitúa entre los países con mejores ratios de reciclaje de envases de plástico (51,4%), por delante de naciones como Alemania, Francia o Italia y del conjunto de la media europea (37,7%).

Por su parte, las asociaciones del sector disponen de informes e indicadores que confiman que, en los últimos años, sus empresas han reducido en un 21,7% el porcentaje de plástico utilizado, que el 69,1% del plástico que emplean es reciclable o reutilizable y que el 35,1% del plástico de sus packagings procede de plástico reciclado (fuente: Informe de sostenibilidad de Aecoc).

Pérdida de competitividad y freno a la inversión

La introducción del impuesto exclusivamente en nuestro país incrementa los sobrecostes para las empresas españolas y, por tanto, le resta competitividad frente a sus vecinos europeos. En ese sentido, conviene destacar el impacto nocivo que esta medida presenta para las exportaciones de nuestros sectores, así como el freno que supone a la inversión en España por parte de empresas del gran consumo que, aun teniendo interés en nuestro país, pueden decantarse por otros mercados en los que no deban asumir estos costes adicionales. 

De igual modo, en el caso de España es especialmente relevante considerar el gran peso que las pymes presentan en el conjunto de nuestra economía. Así, mientras en nuestro país el 99,88% de las empresas son pymes (en línea con la media europea -99,88%-), este tipo de empresas concentra el 72,5% de los puestos de trabajo

El impuesto es también una medida especialmente perjudicial para las empresas de menor tamaño que, en el actual escenario inflacionista, tienen menor capacidad de maniobra y, por tanto, de resistencia ante la suma de nuevos sobrecostes. Y es que, es importante destacar que los impactos no sólo se derivan del pago del propio impuesto, sino especialmente por toda la operativa de gestión y de administración que conlleva su contabilización y pago y que resulta especialmente gravosa en el caso de las pymes.

De igual modo, en el caso de España es especialmente relevante considerar el gran peso que las pymes presentan en el conjunto de nuestra economía. Así, mientras en nuestro país el 99,88% de las empresas son pymes (en línea con la media europea -99,88%-), este tipo de empresas concentra el 72,5% de los puestos de trabajo, muy por encima de naciones como Francia, Alemania, Reino Unido u Holanda, entre otras.

Además, las pymes españolas aportan el 62,2% del PIB nacional (por encima de los mercados vecinos y de la media de la UE), por lo que es sumamente importante no castigar más a un colectivo que está muy seriamente afectado por la coyuntura económica y que podría incluso verse abocado al cierre a o la destrucción de empleo.

Las organizaciones que integran a la cadena de valor del gran consumo, la hostelería y el textil coinciden en que ante una petición tan unánime y la decisión tomada por otros países, el Gobierno debería mostrarse receptivo a aplazar una medida de claro impacto para gran número de empresas y sectores. Aunque el compromiso con el desarrollo sostenible es fundamental y firme, tomar la delantera europea en un contexto tan hostil puede restarnos competitividad frente a otros mercados y potenciar la desaceleración de nuestra economía.

Por ello, los sectores afectados proponen aplazar un año la entrada en vigor del impuesto para tratar de evitar sobrecargar a las empresas en el actual escenario inflacionista.